La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró «preocupada» por las modificaciones a la ley de migración en la Argentina, y consideró que los cambios realizados a esa norma significan un «retroceso».
En una conferencia de prensa posterior al 161º perÃíodo de audiencias realizado en Washington, Estados Unidos, Margarette May Macaulay, primera vicepresidente de la CIDH, dijo que el organismo está «preocupado porque Argentina era un gran ejemplo sobre cómo tratar y administrar la cuestión migratoria, pero con los decretos firmados recientemente ha habido un retroceso».

En sintoní­a con lo expuesto por la autoridad de la Corte, el Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), Luis Cáceres quien, a nivel nacional, ya se habí­a pronunciado sobre el tema sostuvo que «el Estado tiene previsto abrir delegaciones de Migraciones en distintas Intendencias, para manejar a los inmigrantes indocumentados y eludir el supuesto manejo de los jefes comunales con fines partidarios antes de los comicios». Además, agregó que «de lo que realmente se trata es de estigmatización. Se estigmatiza a los inmigrantes, al tratarlos desde una lógica de mercado. Hay una mirada de sospecha sobre los inmigrantes y ellos no son un ejército de reserva para la delincuencia, ni una amenaza a las fuentes de trabajo. Por ende, las políticas migratorias del gobierno promueven la discriminación».

Por su parte, May Macaulay consideró que «la adopción del decreto de necesidad y urgencia incorpora disposiciones regresivas de los derechos de los migrantes», y agregó que «la verdadera preocupación de la Comisión es que la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes. Y ahora nos preocupa que haya retrocedido». «Nos preocupan las declaraciones de altas autoridades que relacionan la migración con la criminalidad», finalizó.
Asimismo, Cáceres hizo alusión a la Ley 25.871 sancionada en 2004 que regula la inmigración en el paí­s al afirmar que es «una legislación modelo a nivel mundial porque reconoce y garantiza el derecho humano a migrar, es decir, establece que la migración es un derecho humano y extiende la protección de derechos constitucionales a todos los inmigrantes dentro del país, más allá de su estatus legal, garantizando a los inmigrantes el derecho de igualdad de trato».

Cabe destacar que la mayorí­a de los trabajadores de la actividad ladrillera provienen de Bolivia o de países limítrofes y realizan sus tareas en condiciones extremas en lugares que no cuentan con luz, agua o cloacas y, en muchas ocasiones, se cuenta con casos de trabajo infantil y abusos patronales.